La sacudida que ocasionó el fallo de la CSJN del pasado diciembre declarando inconstitucional la Ley N° 26080 de conformación del Consejo de la Magistratura y que desencadenó en una serie de actos concatenados desprolijos que rozan con lo absurdo.
Hemos visto las dos caras de la justicia, cuando quiere ser lenta y cuando quiere ser veloz. El pasado diciembre, casi en el ocaso del año, la Corte con voto mayoritario y un voto en disidencia declaró inconstitucional la ley n° 26080 del Consejo de la Magistratura, y en dicho precedente sacude a la Argentina, como si no le faltarán temas por los que alarmarse.
En un giro a toda su doctrina sobre el control de constitucionalidad, la mismísima Corte declara inconstitucional la norma que reducía a 13 los miembros del Consejo y eliminaba al presidente de la misma del listado de integrantes, otorga efecto erga omnes a su decisión y además se vuelve en una suerte de legisladora, dotando de vigencia a una norma derogada.
Además parte de la resolución es el plazo que da al mismísimo Consejo para que en 120 días vuelva a su conformación de 20 miembros y la exhortación al Congreso Nacional para que en un plazo razonable dicte una nueva ley.
Más allá de las opiniones del fallo, de la disidencia del magistrado Lorenzetti, este precedente alteró a la mitad del oficialismo, aún más que el 6,7% de inflación en marzo.
Se conocen los intentos de frenar la llegada del conocido presidente de la Corte al Consejo (recordemos que el Dr. Rosatti fue ministro de justicia durante el 2004-2005).
El primero de ellos fue el malestar del actual Ministro de Justicia y DDHH, Martín Soria, que entre otras cosas, habló de “un golpe institucional”, el que se suma a la fila de personajes ligados al oficialismo que han dado su humilde opinión sobre el tema.
El proyecto oficialista con mayoría absoluta en el Senado y la medida precautelar en Paraná.
Con nada menos que 37 votos se aprobó el proyecto de reforma donde el objetivo es claro, sacar al presidente de la Corte del tablero.
El proyecto ya está en diputados donde se espera que esté más reñido el asunto, se habla de pedido de prórrogas y una suerte de concilio para discutir opiniones y posiciones.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los sucesos del día 18 de abril, donde el plazo de 120 días ordenado por la Corte para que el Consejo volviera a la composición de 20 miembros con Rosatti a la cabeza se encontraba finiquitado. El día anterior, domingo de pascuas, un juez federal en Paraná rechazó una apelación incoada por la Fiscalía en el marco del dictado de una medida precautelar requerida por un diputado donde se solicitaba que el Congreso se abstuviera de enviar su dos representantes al Consejo.
La respuesta de la Corte
Temprano por la mañana del lunes la misma Corte solicitó la remisión de los expedientes de dicha cautelar en un plazo de tres horas. Alrededor de las 13:30 la Corte ya había dictado otro fallo, esta vez sin firma ni disidencia de Lorenzetti, quien se encontraba de licencia.
En 8 fojas resuelve:
“A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021, de modo que será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus cargos previo juramento de ley”. Asumiendo de manera inmediata el Dr. Rosatti.
Sin embargo, más allá de lo resuelto, es dable destacar ciertas consideraciones que hace la Corte en cuanto a la mora del Congreso, puesto que no le dice otra cosa que usted tuvo el tiempo para hacer su trabajo y no lo hizo. Dice llanamente el máximo tribunal en el final de su considerando 6°:
“Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional. Resultaría ilógico, además, todo razonamiento que colocara a un estamento en posición de condicionar o impedir la participación de los otros que hubieran cumplido con el mandato legal de nombrar sus representantes.”
Y en el considerando 8 agrega:
“Que, en tales condiciones, vencido el plazo fijado sin que el Congreso de la Nación haya sancionado una nueva ley, corresponde que el órgano continúe funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por esta Corte en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.”
Respuesta irónica si quiere es el comunicado del bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos, donde solicita un plazo de 90 días para el tratamiento del proyecto de reforma, y dice: “La Corte tuvo 1577 días para estudiar el expediente”, en clara alusión a los 14 años en que el fallo del máximo tribunal tardó en darse a conocer.
Ya siendo lunes por la noche, conocíamos que el presidente de la Corte había asumido como presidente del Consejo, y los demás estamentos, salvo el poder legislativo nacional, habían elegido a sus representantes.
La oposición golpeaba puertas y paredes exigiendo que se nombrara sus candidatos, por senadores Luis Juez, y por diputados Roxana Reyes. Sin embargo los golpes fueron en vano, y en un movimiento de timón, los vencidos no se dan por vencidos ni aún vencidos, y el bloque del Frente de Todos se escinde en dos, Unidad Ciudadana y el Frente Nacional Popular, y casualidad nuevas minorías con acceso al cupo de al Consejo.
Finalmente llegan al Consejo la diputada Reyes y el senador Doñate, en medio del torbellino, anuncios de denuncias penales y juicios políticos.
Al final…
Preguntas miles, ¿por qué la mitad del oficialismo no quiere a la Corte (léase a Rosatti) dentro del Consejo? ¿Por qué la repentina aversión a quien fuera ministro de justicia durante el período 2004 - 2005? ¿Por qué el interés repentino de la Corte en el Consejo?
Respuestas, no muchas, pero sí certezas o verdades, entre ellas, las siguientes:
1- El art. 114 de la tan olvidada Constitución Nacional reza: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias”. Y todas son todas, no algunas.
2- El precedente de la Corte demoró en llegar, no se explica por qué tardó en total 16 años en dilucidar si la ley 26080 era o no inconstitucional, cuando dicha inusitada gravedad como es un planteo de inconstitucionalidad debe tener mayor celeridad en su resolución.
3- Existía en la vieja composición del Consejo un claro predominio del estamento político que alteraba la noción de equilibrio, tal y como dice la Corte en su sentencia.
4- El cambio de criterio y parámetros de la Corte en materia de control de constitucionalidad históricamente con efecto interpartes, el fallo de diciembre está dotado de un efecto general y lo que alarma aún más dota de vigencia una norma derogada, colocando en una posición de legisladora a la cabeza del poder judicial, lo que preocupa, sobre todo en una república.
5- Las maniobras del oficialismo para detener la llegada de la Corte como si fuera una peste asolando el valle, seguramente no porque se trate de intereses personales manejar nada más ni nada menos que el órgano el cual designa y remueve jueces.
6- La oposición agazapada esperando cualquier migaja para tomar algo de protagonismo y desligarse de los errores de gestiones pasadas.
7- La falta de seriedad en materia institucional que rige hoy en día en nuestro país, que lejos de reducirse, aumenta día a día, y donde lo único que parece importarle a los que controlan el escenario es como llenarse los bolsillos.
8- La clásica y conocida demora del congreso de la nación para hacer lo que tiene que hacer, legislar. Dicho de otro modo, si pasaron 26 años (y contando) desde la clausula transitoria, y no existe Ley Convenio de Coparticipación, ¿la Corte fue tan ilusa o pecó de inocente al exhortar al Congreso para que en un plazo prudencial dictara una nueva ley? Un Congreso que se aleja de ser la figura idílica que tenemos todos, ya no es el contralor, el que atiende y escucha al pueblo, es el bastión y sepulcro de los personajes de la política, que están ahí y dicen no vamos a hacer nada para cambiar la realidad porque estamos cómodos con la estabilidad que nos otorga el poder. Y se pueden dar ejemplos, ministros, intendentes, gobernadores, de licencia con bancas en el Congreso, ex gobernadores de provincias ahora diputados por otra, diputados/senadores que renuncian a su banca para ¿volver a ser elegidos?.
9- El tiempo fugaz con el que el juez en Paraná abrió su juzgado para dictar la precautelar, y mayor aún con el que la Corte asume el mando del Consejo. Hay que pensar en esto, un ciudadano promedio, sin privilegios ni cargos políticos tiene que esperar aproximadamente 7 años para que se resuelva un juicio laboral, casi 10 uno civil, en el fuero penal quizás espere menos 5 años tal vez, sin embargo para este asunto que parece interesarle al poder político de turno se habilita un día inhábil, y en tres horas la Corte resuelve. El ciudadano promedio que espere.
10- El tiempo nuevamente clave, la Corte resuelve de manera inmediata su llegada al Consejo, pero nadie dice nada de la falta de cupo femenino en el máximo cuerpo judicial, el cual quedó vacante con la renuncia de la Dra. Highton de Nolasco.
11- El silencio sepulcral de la máxima figura del PEN, al que por el momento le preocupa el 2023.
Quo usque tandem, Catilina, abutere patentia nostra?
Pronunció Cicerón aquella frase ante el Senado, acusando a Catilina figura de la corrupción romana en aquellos tiempos. La pregunta se repite ¿hasta cuándo las instituciones van a seguir abusando de la paciencia de los ciudadanos y ciudadanas?
Ver la historia, y notar que los mismos acontecimientos se repiten a lo largo del globo, deja la sensación de que por lo menos no somos los únicos. Y eso es el consuelo de tontos, que no es la primera vez que nos sucede (vgr Olivos Gate llamado así por la prensa y las fiestas del Premier Boris Johnson)
Es triste pensar que estas cosas suceden en una democracia y república, y que lo único que frena a estos personajes es el voto castigo en cada elección.
Sin embargo, los y las ciudadanas votan en base a sus necesidades, una persona que no llega a fin de mes, que no tiene que comer, que no tiene un sistema de salud público, que no cuenta con los recursos necesarios para solventar necesidades básicas, que paga impuestos, no le preocupan estas cosas, al menos no es su primera preocupación, es lógico.
Y he ahí donde los villanos ganan, cuando los buenos no pueden hacer nada. En el entramado del poder que no quieren abandonar juegan para sus propios intereses, la oposición que se coloca la bandera de defensa de las instituciones cuando le toca su turno hace lo mismo, y ¡atención! cuando la ciudadanía se agota vota a las versiones más radicales que puedan encontrar, la historia lo demuestra, al igual que los vecinos del globo.
Quo usque tandem?
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