El primero de ellos, el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, del diputado Martín Tetaz, que busca instalar un proceso sucesorio en sede administrativa, que si uno lee por encima todo parecería cuadrar, sin embargo existen algunos puntos que deben estudiarse. Redactado con apuro quizás, inspirado en el calendario electoral, y repudiada por la mayoría, por no decir toda, del ámbito gremial que nos nuclea como profesionales. El fundamento principal del rechazo es que el proyecto violenta las disposiciones contenidas en los arts. 1, 16, 18, 75 inc.12, 108,116 y 121 y concordantes de la Constitución Nacional.
El segundo, la circular N° 22/23 de Anses donde estipula que los trámites del Plan de Pagos no podrán ser realizados por letrados. Dicha circular estipula que al momento de iniciar un expediente por Ley 27.705 “Plan de Pago de Deuda Previsional”, los formularios y documentos a presentar firmados firmados por la persona titular y que no resultaran válidos todos aquellos documentos que no sean los emitidos por los sistemas, o que sean firmados y certificados, fuera del ámbito de dicha UDAI.
Los golpes vienen desde ambos lados de la vereda, ninguno se queda atrás.
Con el tiempo nos hemos visto vilipendiados, llamados usureros, cuervos, buitres y otros epítetos que rozan lo insultante. Nuestra profesión cae a niveles estratosféricos, lejos han quedado los tiempos en los que la abogacía era sinónimo de orgullo, preparación.
Incluso entre nosotros hemos perdido el respeto, nuestra ley arancelaria exige el cobro de las consultas, algunos omiten aquello para la captación de clientes, violentando la misma ley y ejerciendo una competencia desleal. Parece que se olvidó que el derecho es nuestra fuente de trabajo, los honorarios son de carácter alimentario.
Tampoco hay que tapar el sol con la mano, es cierto que existen profesionales, algunos de renombre, que o bien deberían repasar los códigos de procedimientos o bien deberían actuar con probidad y buena fé, muchas veces se creen por encima de la norma. El resto, la mayoría, trata de honrar día a día la profesión como haría cualquier buen trabajador o trabajadora.
Muchas veces somos la contención del o la clienta que se quedó sin trabajo, del que perdió a su padre, a su cónyuge, del que está por ser desalojado, del que quiere recuperar su propiedad, los ejemplos abundan.
Algunos olvidan que otra cantidad de veces, son el poder judicial y la administración, que seguramente por sobrecarga de tareas, tienen días un expediente a despacho, o demoran un trámite por no tener la copia en forma. Y nos vemos en la batalla campal de “apurar la cosa” sin que se vea como una falta de respeto a VS.
Sin ir más lejos, el Centro Público de Mediación ha demorado certificados de culminación de instancia casi por semestres, por la misma sobrecarga de tareas, lo que ha demorado la admisión de demandas en sede judicial. Como bien sabemos, desde hace tiempo es obligatoria la instancia prejudicial a los fines de acceder a la vía ordinaria.
Ante una administración deficiente, un poder judicial que por querer quedar bien, decide mal, a destiempo o no decide, entramos en el círculo vicioso de que “nadie hace nada” y “por eso estamos como estamos”.
Así las cosas, los malos de la película siempre somos los profesionales que damos la cara. Que tratamos de explicar de manera clara porqué la demora, y somos los únicos responsables y los que ralentizamos los procesos.
Los colegios de distintas jurisdicciones como así también la FACA, se han expedido sobre el tema en sendos comunicados donde rechazan los avances sobre la incumbencia profesional de los letrados. ¿Son suficientes? Y es lo que se puede hacer por el momento, “prepararnos para lo peor y esperar lo mejor”.
Ahora bien, haciendo un mea culpa, cuando nos asustan los avances de este tipo de proyectos, cuando creemos que avasallan nuestra profesión, cuando el chat gpt y la ia amenaza con reemplazarnos, ¿no debemos preguntarnos si la abogacía no se alejó de la realidad diaria? Estudiamos, nos preparamos y nos recibimos para servir a la comunidad, ya sea de oficio o de manera privada, sin embargo en algún punto parece haberse perdido el camino.
Nos quedamos varados y dejamos de abogar por lo que importa. El rol del abogado ha cambiado, estos avances han llamado la atención, además de su rechazo enérgico, debemos escuchar, la sociedad reclama soluciones y las reclama ahora. Si no modernizamos la profesión quedaremos a la margen del río.
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